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Análisis Latino
17-01-2025Guatemala en el BTI 2006-2024
Guatemala ha oscilado entre una democracia altamente defectuosa y una autocracia moderada, alcanzando características de autocracia de línea dura en el último puntaje. Económicamente, se encuentra entre una transformación limitada y muy limitada, mientras que la calidad de gobernanza ha pasado de nivel moderado a débil.Por Luis Angel Palomino
Desde su independencia en 1821, Guatemala ha sido un actor relevante en Centroamérica, destacándose por su riqueza cultural y ancestral, pero enfrentando desafíos políticos, económicos y sociales que han limitado su desarrollo sostenible. A pesar de contar con recursos naturales, una economía basada en la agroindustria y un sector turístico creciente, el país enfrenta profundas desigualdades estructurales, altos niveles de pobreza y una gobernabilidad frágil que generan preocupaciones sobre su estabilidad. La población indígena, históricamente marginada, enfrenta exclusión en servicios básicos, representación política y oportunidades económicas.
La constitución guatemalteca estipula el sistema político del país como republicano y presidencialista con división de poderes. El presidente, líder del Ejecutivo, es elegido por cuatro años sin reelección inmediata, mientras que el Congreso unicameral ejerce el Poder Legislativo. Sin embargo, la percepción de corrupción endémica, falta de independencia judicial y debilidad institucional afecta en la práctica la independencia de los poderes, el Estado de derecho y la confianza ciudadana. A fecha de enero de 2025, el gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta el reto de implementar reformas estructurales para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia, en un entorno interno complejo y con desafíos regionales y globales.
De esta forma, para entender y analizar la evolución de Guatemala en términos de Transformación Política (TP), Transformación Económica (TE) y Gobernanza (G), es crucial considerar el contexto histórico y actual del país. El siguiente gráfico (Figura 1) muestra los cambios en estos ámbitos desde 2006 hasta 2024, basados en los datos del Bertelsmann Transformation Index (BTI). Este índice evalúa el cambio social en 137 países en desarrollo y en transición hacia la democracia y la economía de mercado, mediante una metodología que usa datos recolectados de manera propia, y proporciona un análisis exhaustivo de la gestión de los Estados en los procesos de transformación.
El BTI evalúa cómo los países en desarrollo y en transición avanzan hacia la democracia y una economía de mercado. Utiliza un marco metodológico estandarizado en el que expertos nacionales califican 17 criterios para 137 países, y estos resultados se revisan en procesos de calibración regional e interregional para garantizar su precisión y comparabilidad. El BTI produce dos índices centrales: el Status Index, que mide tanto la transformación política y económica, y el Governance Index, que evalúa la calidad de la gobernanza de los Estados. Estos índices se actualizan bienalmente para permitir un análisis de tendencias y estrategias de transformación, proporcionando así una visión integral de los procesos de cambio político y económico en estos países, y permitiendo una comprensión cuantitativa de la situación de los Estados.
Elaboración propia del puntaje de Guatemala en Transformación Política, Transformación Económica y el Índice de Gobernanza (1-10) de 2006 a 2024.
El análisis del gráfico muestra una disminución sostenida en los niveles de transformación política y de gobernanza en Guatemala según los puntajes del BTI (2006-2024), mientras que la transformación económica se ha mantenido relativamente estable con un ligero crecimiento reciente. Guatemala ha oscilado entre una democracia altamente defectuosa y una autocracia moderada, alcanzando características de autocracia de línea dura en el último puntaje. Económicamente, se encuentra entre una transformación limitada y muy limitada, mientras que la calidad de gobernanza ha pasado de nivel moderado a débil. Se destaca que este retroceso refleja desafíos profundos como pobreza, desigualdad estructural e inseguridad ciudadana, lo que subraya la necesidad de un análisis exhaustivo para comprender las dinámicas de estabilidad democrática, económica y de gobernanza.
Transformación Política
La trayectoria política de Guatemala en las últimas dos décadas ha estado profundamente marcada por tensiones estructurales, desafíos institucionales y la influencia de factores externos. A lo largo de este período, el BTI ha reflejado una tendencia decreciente en la capacidad del país para consolidar su transformación política. Aunque se han presentado pequeños incrementos en los puntajes de forma relativa, los persistentes problemas de corrupción, violencia y desigualdad han debilitado el sistema político, erosionando los avances en participación ciudadana y estabilidad institucional. Esto se ha reflejado en el descenso continuo de la puntuación guatemalteca en este ámbito, de tal modo que desde el BTI 2020, Guatemala ya no se califica como democracia, lo que acentúa la gravedad de los retrocesos en términos de gobernabilidad y representación política.
En 2006, Guatemala obtuvo un puntaje de 5,65 en la dimensión política del BTI, reflejando un sistema frágil pero funcional, con fortalezas en participación ciudadana y estabilidad institucional, aunque afectado por problemas de estatalidad y gobernanza. Durante el gobierno de Óscar Berger, se impulsaron reformas administrativas para fortalecer la institucionalidad democrática, logrando un aumento a 5,9 en el BTI 2008. Sin embargo, estos esfuerzos fueron insuficientes para abordar problemas estructurales como la corrupción y la violencia ligada al crimen organizado.
Con la llegada de Álvaro Colom al poder, Guatemala experimentó una continuidad en su trayectoria política, reflejada en un leve retroceso en su puntaje en el BTI 2010, que disminuyó a 5,85. Colom intentó impulsar una agenda de inclusión social enfocada en comunidades indígenas mediante programas sociales, pero enfrentó limitaciones fiscales y una gobernanza afectada por la violencia y el narcotráfico. Estas problemáticas estructurales obstaculizaron avances significativos, perpetuando el estancamiento del país en indicadores clave de desarrollo y gobernabilidad, lo que se tradujo en el descenso de la puntación a 5,55 en el BTI 2012.
El período de Otto Pérez Molina en Guatemala representó una fase crítica para el Estado guatemalteco, marcada por un aumento significativo de los casos de corrupción y un creciente nivel de desconfianza en las instituciones. El puntaje del BTI cayó a 5,2 en 2014, representando el deterioro de la situación. Durante su mandato, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por las Naciones Unidas, jugó un papel fundamental al destapar las redes de corrupción que estaban profundamente arraigadas en el sistema político. Las investigaciones de la CICIG culminaron en 2015 con el escándalo de corrupción conocido como La Línea, en el cual el presidente Pérez Molina y su círculo cercano estuvieron directamente involucrados. Las protestas masivas que siguieron a este caso generaron presión pública, lo que, finalmente, llevó a la renuncia del presidente. Sin embargo, el descenso en el puntaje del BTI en 2016, que bajó a 5,15, se debió tanto a las secuelas del escándalo como al deterioro en la persecución de los abusos de poder y los derechos civiles, lo que evidenció el impacto negativo de la crisis de corrupción sobre las instituciones democráticas del país.
El período posterior estuvo marcado por la llegada de Jimmy Morales a la presidencia en 2016. Morales asumió el cargo con la promesa de combatir la corrupción y restaurar la confianza en el gobierno. Sin embargo, su administración destacó por su intento de debilitar el rol de la CICIG y por perpetuar redes clientelistas que profundizaron el deterioro de la institucionalidad estatal. Estos esfuerzos se reflejaron en el BTI 2018, donde el puntaje de transformación política cayó a 5,05. La falta de voluntad de Morales para implementar reformas estructurales significativas, combinada con una creciente polarización política, agravó la crisis del sistema político, lo cual se observó en la caída profunda a 4,05 en el BTI 2020, la cual determinó la transformación de Guatemala en una autocracia.
Con la llegada de Alejandro Giammattei al gobierno, la pandemia de COVID-19 exacerbó tensiones sociales y políticas, evidenciando la debilidad del sistema de salud y la falta de transparencia en la gestión de recursos. En el BTI 2022, Guatemala mostró un leve aumento a 4,1, atribuido exclusivamente a mejoras en el monopolio del uso de la fuerza. El BTI señala que esto se logró mediante una mayor presencia de fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de instituciones judiciales en áreas afectadas por actividades ilícitas, como el narcotráfico. Sin embargo, los problemas estructurales agravados por la pandemia persistieron, limitando avances en la transformación política y estabilidad institucional.
En el BTI 2024, Guatemala alcanzó un mínimo histórico con una puntuación de 3,9, mostrando la creciente desconfianza en las instituciones democráticas y la incapacidad gubernamental para abordar problemas como violencia, corrupción y exclusión social. El cierre de espacios de participación política, la inequidad estructural y los altos niveles de violencia han deteriorado décadas de avances democráticos. Sin atender las causas profundas de estos problemas, el sistema político corre el riesgo de un mayor deterioro, abriendo paso a la consolidación de un régimen autocrático.
Transformación Económica
Con respecto al estado de la economía de Guatemala, el BTI muestra una transformación económica limitada entre 2006 y 2024, caracterizada por fluctuaciones y una persistente vulnerabilidad estructural. Sin embargo, en comparación con las otras dimensiones evaluadas, el desempeño económico se mantiene en una posición relativamente más estable. A pesar de los desafíos políticos, de seguridad y legales, la transformación económica de Guatemala ha mostrado un ligero avance.
En el BTI 2006, Guatemala obtuvo un puntaje de 4,89, denotando retos económicos significativos, como la alta informalidad laboral, desigualdad social y la limitada capacidad estatal para modernizar la economía. En el BTI 2008, el puntaje subió a 4,96 gracias al crecimiento moderado en agricultura y comercio, junto con políticas macroeconómicas que controlaron la inflación y el déficit fiscal, aunque sin abordar problemas estructurales como la diversificación productiva y el fortalecimiento institucional. En el BTI 2010, el puntaje aumentó a 5,25 debido a una mejora temporal tras la crisis financiera global de 2008, con un repunte en exportaciones agrícolas. No obstante, esta recuperación fue desigual y poco sostenible, dado el alto nivel de pobreza y la baja inversión en infraestructura. Para el BTI 2012, el puntaje descendió a 5,18, reflejando el estancamiento económico. Problemas como la corrupción y la débil implementación de políticas públicas continuaron limitando la economía guatemalteca.
Entre 2014 y 2018, Guatemala mantuvo un puntaje de 5,11 en el BTI, es decir, un estancamiento en su transformación económica. Las tensiones sociales y políticas, junto con la falta de reformas estructurales, obstaculizaron avances significativos. Aunque sectores como las exportaciones textiles y agrícolas impulsaron cierto crecimiento, la dependencia en estos rubros expuso a la economía a choques externos. Además, la débil inversión extranjera, la desigualdad y la exclusión de comunidades indígenas limitaron el impacto de las políticas económicas, pese a los esfuerzos por preservar la estabilidad macroeconómica en el contexto de crisis interna.
En el BTI 2020, Guatemala obtuvo un puntaje de 4,89, reflejando un decrecimiento en el desarrollo económico sostenible debido a la falta de políticas ambientales y de diversificación productiva. La ausencia de estrategias integrales para prácticas económicas sostenibles limitó la capacidad del país para enfrentar desafíos estructurales. La pandemia de COVID-19 agravó esta situación, afectando sectores clave como comercio y turismo, mientras los programas de asistencia social enfrentaron corrupción y falta de capacidad institucional. En el BTI 2022, el puntaje se mantuvo en 4,89, evidenciando que los efectos de la pandemia seguían afectando la recuperación económica. Aunque las exportaciones agrícolas mostraron cierta estabilidad, la limitada diversificación económica dificultó el retorno a un crecimiento sostenible.
Para el BTI 2024, el puntaje subió ligeramente a 5,04, mostrando una leve mejora en la estabilidad económica. Sin embargo, esta recuperación fue desigual y frágil, ya que los problemas estructurales como la corrupción, la desigualdad y la débil competitividad global continúan limitando el desarrollo económico sostenible. A pesar de algunos avances en infraestructura y comercio a través del tiempo, Guatemala sigue enfrentando dificultades para consolidar una economía más resiliente y diversificada, lo cual se puede apreciar en los puntajes históricos del BTI.
Gobernanza
El índice de gobernanza del BTI para Guatemala, en el periodo 2006-2024, revela un deterioro significativo en la calidad de la gobernabilidad, caracterizado por desafíos estructurales y una disminución sostenida en la capacidad estatal para implementar políticas públicas de manera efectiva. Según el BTI, el manejo de la corrupción se presenta como el principal obstáculo a lo largo de los años analizados. Examinar la gobernanza en Guatemala resulta esencial para comprender la compleja y crítica situación que enfrenta el Estado.
En el BTI 2006, Guatemala registró un puntaje de 5,1, destacando una gobernanza moderadamente débil con cierta estabilidad en procesos democráticos básicos, aunque marcada por problemas crónicos como corrupción, violencia y desigualdad. En el BTI 2008, el puntaje disminuyó ligeramente a 5,05, denotando un estancamiento en la eficiencia y transparencia de la administración pública, así como en la capacidad gubernamental para enfrentar la violencia y la impunidad. Posteriormente, el índice de gobernanza aumentó a 5,5 en el BTI 2010, debido a un periodo de relativa mejora durante el gobierno de Colom. Este incremento reflejó avances en iniciativas sociales y esfuerzos para fortalecer la cohesión social a través de programas como Mi Familia Progresa. Sin embargo, estas mejoras fueron insuficientes para superar las desigualdades y la corrupción persistente, lo cual se presentó en el BTI 2012, donde el puntaje disminuyó nuevamente a 5,37.
Durante la administración de Pérez Molina, los problemas de gobernanza estructural se agudizaron, marcados por escándalos de corrupción y una creciente desconfianza en las instituciones. A pesar de algunos esfuerzos por mejorar la seguridad, el aumento de la militarización como estrategia para combatir el crimen no logró resultados sostenibles y provocó tensiones sociales que empeoraron la problemática. Esto se reflejó en el BTI 2014, en el cual, el índice de gobernanza se redujo drásticamente a 4,82, denotando un deterioro significativo en la capacidad del gobierno para gobernar de manera efectiva. La creciente influencia del crimen organizado, el debilitamiento del Estado de derecho y el aumento de la conflictividad social contribuyeron a este declive, el cual se pronunció aún más en el BTI 2016, cuando el puntaje cayó a 4,62, mostrando una gobernanza cada vez más debilitada.
En 2018, el puntaje de gobernanza del BTI cayó a 4,52 luego de la renuncia de Pérez Molina tras los escándalos de corrupción del caso La Línea y un mandato de Morales caracterizado por ataques a instituciones anticorrupción como la CICIG y el debilitamiento de las garantías democráticas. Estas acciones erosionaron la confianza ciudadana y consolidaron un entorno de impunidad. Para el BTI 2020, el puntaje descendió a 3,58, y en 2022 alcanzó su nivel más bajo, 3,36. La pandemia de COVID-19 exacerbó las ya débiles capacidades estatales para enfrentar los desafíos sociales y económicos. La gestión de la crisis sanitaria estuvo marcada por una respuesta insuficiente y acusaciones de corrupción en la distribución de recursos, lo que profundizó la desconfianza ciudadana.
Finalmente, en 2024, el puntaje subió ligeramente a 3,38, lo que sugiere una estabilización en niveles extremadamente bajos. Aunque el gobierno actual ha hecho esfuerzos limitados por mejorar la gestión pública, los problemas estructurales como la corrupción enraizada, la falta de acceso a servicios básicos y la creciente desigualdad continúan obstaculizando cualquier avance sustancial. En conjunto, la trayectoria de Guatemala en el BTI muestra un deterioro sistemático en su gobernanza, caracterizado por instituciones debilitadas y un Estado incapaz de responder eficazmente a los desafíos que enfrenta la sociedad guatemalteca.
Conclusión
Entre 2006 y 2024, Guatemala muestra un estancamiento político y de gobernanza, aunque con relativa estabilidad económica. Pese a contar con una democracia formal, la corrupción, falta de transparencia y fragilidad institucional han impedido la consolidación democrática, derivando en un proceso de autocratización. Indicadores como los del BTI evidencian retrocesos en transformación política y capacidades estatales para abordar problemas como desigualdad, violencia e inclusión social. En lo económico, aunque las exportaciones han aportado resiliencia, el crecimiento ha sido limitado por la informalidad laboral, dependencia externa y falta de diversificación. La gobernanza, marcada por redes de clientelismo, ha mostrado incapacidad para implementar reformas estructurales.
Estos niveles han tenido un impacto importante en el ámbito de los derechos civiles, la libertad de expresión y el Estado de derecho en Guatemala. Aunque los derechos civiles están formalmente protegidos, su violación es frecuente, con detenciones arbitrarias, prisión preventiva prolongada y desigualdad ante la ley, especialmente hacia las poblaciones vulnerables. La libertad de prensa, teóricamente garantizada, está amenazada por ataques a periodistas independientes y el control de medios. Además, el Estado de derecho se ve erosionado por la influencia del Poder Ejecutivo sobre instituciones clave, lo que facilita la impunidad y fortalece tendencias autocráticas. A pesar de estas problemáticas, Guatemala sigue siendo un actor relevante en la región, gracias a su capacidad para adaptarse parcialmente a las crisis internas y externas.
Luis Angel PalominoPasante InternacionalEstudiante de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y voluntario de CADAL.
Desde su independencia en 1821, Guatemala ha sido un actor relevante en Centroamérica, destacándose por su riqueza cultural y ancestral, pero enfrentando desafíos políticos, económicos y sociales que han limitado su desarrollo sostenible. A pesar de contar con recursos naturales, una economía basada en la agroindustria y un sector turístico creciente, el país enfrenta profundas desigualdades estructurales, altos niveles de pobreza y una gobernabilidad frágil que generan preocupaciones sobre su estabilidad. La población indígena, históricamente marginada, enfrenta exclusión en servicios básicos, representación política y oportunidades económicas.
La constitución guatemalteca estipula el sistema político del país como republicano y presidencialista con división de poderes. El presidente, líder del Ejecutivo, es elegido por cuatro años sin reelección inmediata, mientras que el Congreso unicameral ejerce el Poder Legislativo. Sin embargo, la percepción de corrupción endémica, falta de independencia judicial y debilidad institucional afecta en la práctica la independencia de los poderes, el Estado de derecho y la confianza ciudadana. A fecha de enero de 2025, el gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta el reto de implementar reformas estructurales para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia, en un entorno interno complejo y con desafíos regionales y globales.
De esta forma, para entender y analizar la evolución de Guatemala en términos de Transformación Política (TP), Transformación Económica (TE) y Gobernanza (G), es crucial considerar el contexto histórico y actual del país. El siguiente gráfico (Figura 1) muestra los cambios en estos ámbitos desde 2006 hasta 2024, basados en los datos del Bertelsmann Transformation Index (BTI). Este índice evalúa el cambio social en 137 países en desarrollo y en transición hacia la democracia y la economía de mercado, mediante una metodología que usa datos recolectados de manera propia, y proporciona un análisis exhaustivo de la gestión de los Estados en los procesos de transformación.
El BTI evalúa cómo los países en desarrollo y en transición avanzan hacia la democracia y una economía de mercado. Utiliza un marco metodológico estandarizado en el que expertos nacionales califican 17 criterios para 137 países, y estos resultados se revisan en procesos de calibración regional e interregional para garantizar su precisión y comparabilidad. El BTI produce dos índices centrales: el Status Index, que mide tanto la transformación política y económica, y el Governance Index, que evalúa la calidad de la gobernanza de los Estados. Estos índices se actualizan bienalmente para permitir un análisis de tendencias y estrategias de transformación, proporcionando así una visión integral de los procesos de cambio político y económico en estos países, y permitiendo una comprensión cuantitativa de la situación de los Estados.
Elaboración propia del puntaje de Guatemala en Transformación Política, Transformación Económica y el Índice de Gobernanza (1-10) de 2006 a 2024.
El análisis del gráfico muestra una disminución sostenida en los niveles de transformación política y de gobernanza en Guatemala según los puntajes del BTI (2006-2024), mientras que la transformación económica se ha mantenido relativamente estable con un ligero crecimiento reciente. Guatemala ha oscilado entre una democracia altamente defectuosa y una autocracia moderada, alcanzando características de autocracia de línea dura en el último puntaje. Económicamente, se encuentra entre una transformación limitada y muy limitada, mientras que la calidad de gobernanza ha pasado de nivel moderado a débil. Se destaca que este retroceso refleja desafíos profundos como pobreza, desigualdad estructural e inseguridad ciudadana, lo que subraya la necesidad de un análisis exhaustivo para comprender las dinámicas de estabilidad democrática, económica y de gobernanza.
Transformación Política
La trayectoria política de Guatemala en las últimas dos décadas ha estado profundamente marcada por tensiones estructurales, desafíos institucionales y la influencia de factores externos. A lo largo de este período, el BTI ha reflejado una tendencia decreciente en la capacidad del país para consolidar su transformación política. Aunque se han presentado pequeños incrementos en los puntajes de forma relativa, los persistentes problemas de corrupción, violencia y desigualdad han debilitado el sistema político, erosionando los avances en participación ciudadana y estabilidad institucional. Esto se ha reflejado en el descenso continuo de la puntuación guatemalteca en este ámbito, de tal modo que desde el BTI 2020, Guatemala ya no se califica como democracia, lo que acentúa la gravedad de los retrocesos en términos de gobernabilidad y representación política.
En 2006, Guatemala obtuvo un puntaje de 5,65 en la dimensión política del BTI, reflejando un sistema frágil pero funcional, con fortalezas en participación ciudadana y estabilidad institucional, aunque afectado por problemas de estatalidad y gobernanza. Durante el gobierno de Óscar Berger, se impulsaron reformas administrativas para fortalecer la institucionalidad democrática, logrando un aumento a 5,9 en el BTI 2008. Sin embargo, estos esfuerzos fueron insuficientes para abordar problemas estructurales como la corrupción y la violencia ligada al crimen organizado.
Con la llegada de Álvaro Colom al poder, Guatemala experimentó una continuidad en su trayectoria política, reflejada en un leve retroceso en su puntaje en el BTI 2010, que disminuyó a 5,85. Colom intentó impulsar una agenda de inclusión social enfocada en comunidades indígenas mediante programas sociales, pero enfrentó limitaciones fiscales y una gobernanza afectada por la violencia y el narcotráfico. Estas problemáticas estructurales obstaculizaron avances significativos, perpetuando el estancamiento del país en indicadores clave de desarrollo y gobernabilidad, lo que se tradujo en el descenso de la puntación a 5,55 en el BTI 2012.
El período de Otto Pérez Molina en Guatemala representó una fase crítica para el Estado guatemalteco, marcada por un aumento significativo de los casos de corrupción y un creciente nivel de desconfianza en las instituciones. El puntaje del BTI cayó a 5,2 en 2014, representando el deterioro de la situación. Durante su mandato, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por las Naciones Unidas, jugó un papel fundamental al destapar las redes de corrupción que estaban profundamente arraigadas en el sistema político. Las investigaciones de la CICIG culminaron en 2015 con el escándalo de corrupción conocido como La Línea, en el cual el presidente Pérez Molina y su círculo cercano estuvieron directamente involucrados. Las protestas masivas que siguieron a este caso generaron presión pública, lo que, finalmente, llevó a la renuncia del presidente. Sin embargo, el descenso en el puntaje del BTI en 2016, que bajó a 5,15, se debió tanto a las secuelas del escándalo como al deterioro en la persecución de los abusos de poder y los derechos civiles, lo que evidenció el impacto negativo de la crisis de corrupción sobre las instituciones democráticas del país.
El período posterior estuvo marcado por la llegada de Jimmy Morales a la presidencia en 2016. Morales asumió el cargo con la promesa de combatir la corrupción y restaurar la confianza en el gobierno. Sin embargo, su administración destacó por su intento de debilitar el rol de la CICIG y por perpetuar redes clientelistas que profundizaron el deterioro de la institucionalidad estatal. Estos esfuerzos se reflejaron en el BTI 2018, donde el puntaje de transformación política cayó a 5,05. La falta de voluntad de Morales para implementar reformas estructurales significativas, combinada con una creciente polarización política, agravó la crisis del sistema político, lo cual se observó en la caída profunda a 4,05 en el BTI 2020, la cual determinó la transformación de Guatemala en una autocracia.
Con la llegada de Alejandro Giammattei al gobierno, la pandemia de COVID-19 exacerbó tensiones sociales y políticas, evidenciando la debilidad del sistema de salud y la falta de transparencia en la gestión de recursos. En el BTI 2022, Guatemala mostró un leve aumento a 4,1, atribuido exclusivamente a mejoras en el monopolio del uso de la fuerza. El BTI señala que esto se logró mediante una mayor presencia de fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de instituciones judiciales en áreas afectadas por actividades ilícitas, como el narcotráfico. Sin embargo, los problemas estructurales agravados por la pandemia persistieron, limitando avances en la transformación política y estabilidad institucional.
En el BTI 2024, Guatemala alcanzó un mínimo histórico con una puntuación de 3,9, mostrando la creciente desconfianza en las instituciones democráticas y la incapacidad gubernamental para abordar problemas como violencia, corrupción y exclusión social. El cierre de espacios de participación política, la inequidad estructural y los altos niveles de violencia han deteriorado décadas de avances democráticos. Sin atender las causas profundas de estos problemas, el sistema político corre el riesgo de un mayor deterioro, abriendo paso a la consolidación de un régimen autocrático.
Transformación Económica
Con respecto al estado de la economía de Guatemala, el BTI muestra una transformación económica limitada entre 2006 y 2024, caracterizada por fluctuaciones y una persistente vulnerabilidad estructural. Sin embargo, en comparación con las otras dimensiones evaluadas, el desempeño económico se mantiene en una posición relativamente más estable. A pesar de los desafíos políticos, de seguridad y legales, la transformación económica de Guatemala ha mostrado un ligero avance.
En el BTI 2006, Guatemala obtuvo un puntaje de 4,89, denotando retos económicos significativos, como la alta informalidad laboral, desigualdad social y la limitada capacidad estatal para modernizar la economía. En el BTI 2008, el puntaje subió a 4,96 gracias al crecimiento moderado en agricultura y comercio, junto con políticas macroeconómicas que controlaron la inflación y el déficit fiscal, aunque sin abordar problemas estructurales como la diversificación productiva y el fortalecimiento institucional. En el BTI 2010, el puntaje aumentó a 5,25 debido a una mejora temporal tras la crisis financiera global de 2008, con un repunte en exportaciones agrícolas. No obstante, esta recuperación fue desigual y poco sostenible, dado el alto nivel de pobreza y la baja inversión en infraestructura. Para el BTI 2012, el puntaje descendió a 5,18, reflejando el estancamiento económico. Problemas como la corrupción y la débil implementación de políticas públicas continuaron limitando la economía guatemalteca.
Entre 2014 y 2018, Guatemala mantuvo un puntaje de 5,11 en el BTI, es decir, un estancamiento en su transformación económica. Las tensiones sociales y políticas, junto con la falta de reformas estructurales, obstaculizaron avances significativos. Aunque sectores como las exportaciones textiles y agrícolas impulsaron cierto crecimiento, la dependencia en estos rubros expuso a la economía a choques externos. Además, la débil inversión extranjera, la desigualdad y la exclusión de comunidades indígenas limitaron el impacto de las políticas económicas, pese a los esfuerzos por preservar la estabilidad macroeconómica en el contexto de crisis interna.
En el BTI 2020, Guatemala obtuvo un puntaje de 4,89, reflejando un decrecimiento en el desarrollo económico sostenible debido a la falta de políticas ambientales y de diversificación productiva. La ausencia de estrategias integrales para prácticas económicas sostenibles limitó la capacidad del país para enfrentar desafíos estructurales. La pandemia de COVID-19 agravó esta situación, afectando sectores clave como comercio y turismo, mientras los programas de asistencia social enfrentaron corrupción y falta de capacidad institucional. En el BTI 2022, el puntaje se mantuvo en 4,89, evidenciando que los efectos de la pandemia seguían afectando la recuperación económica. Aunque las exportaciones agrícolas mostraron cierta estabilidad, la limitada diversificación económica dificultó el retorno a un crecimiento sostenible.
Para el BTI 2024, el puntaje subió ligeramente a 5,04, mostrando una leve mejora en la estabilidad económica. Sin embargo, esta recuperación fue desigual y frágil, ya que los problemas estructurales como la corrupción, la desigualdad y la débil competitividad global continúan limitando el desarrollo económico sostenible. A pesar de algunos avances en infraestructura y comercio a través del tiempo, Guatemala sigue enfrentando dificultades para consolidar una economía más resiliente y diversificada, lo cual se puede apreciar en los puntajes históricos del BTI.
Gobernanza
El índice de gobernanza del BTI para Guatemala, en el periodo 2006-2024, revela un deterioro significativo en la calidad de la gobernabilidad, caracterizado por desafíos estructurales y una disminución sostenida en la capacidad estatal para implementar políticas públicas de manera efectiva. Según el BTI, el manejo de la corrupción se presenta como el principal obstáculo a lo largo de los años analizados. Examinar la gobernanza en Guatemala resulta esencial para comprender la compleja y crítica situación que enfrenta el Estado.
En el BTI 2006, Guatemala registró un puntaje de 5,1, destacando una gobernanza moderadamente débil con cierta estabilidad en procesos democráticos básicos, aunque marcada por problemas crónicos como corrupción, violencia y desigualdad. En el BTI 2008, el puntaje disminuyó ligeramente a 5,05, denotando un estancamiento en la eficiencia y transparencia de la administración pública, así como en la capacidad gubernamental para enfrentar la violencia y la impunidad. Posteriormente, el índice de gobernanza aumentó a 5,5 en el BTI 2010, debido a un periodo de relativa mejora durante el gobierno de Colom. Este incremento reflejó avances en iniciativas sociales y esfuerzos para fortalecer la cohesión social a través de programas como Mi Familia Progresa. Sin embargo, estas mejoras fueron insuficientes para superar las desigualdades y la corrupción persistente, lo cual se presentó en el BTI 2012, donde el puntaje disminuyó nuevamente a 5,37.
Durante la administración de Pérez Molina, los problemas de gobernanza estructural se agudizaron, marcados por escándalos de corrupción y una creciente desconfianza en las instituciones. A pesar de algunos esfuerzos por mejorar la seguridad, el aumento de la militarización como estrategia para combatir el crimen no logró resultados sostenibles y provocó tensiones sociales que empeoraron la problemática. Esto se reflejó en el BTI 2014, en el cual, el índice de gobernanza se redujo drásticamente a 4,82, denotando un deterioro significativo en la capacidad del gobierno para gobernar de manera efectiva. La creciente influencia del crimen organizado, el debilitamiento del Estado de derecho y el aumento de la conflictividad social contribuyeron a este declive, el cual se pronunció aún más en el BTI 2016, cuando el puntaje cayó a 4,62, mostrando una gobernanza cada vez más debilitada.
En 2018, el puntaje de gobernanza del BTI cayó a 4,52 luego de la renuncia de Pérez Molina tras los escándalos de corrupción del caso La Línea y un mandato de Morales caracterizado por ataques a instituciones anticorrupción como la CICIG y el debilitamiento de las garantías democráticas. Estas acciones erosionaron la confianza ciudadana y consolidaron un entorno de impunidad. Para el BTI 2020, el puntaje descendió a 3,58, y en 2022 alcanzó su nivel más bajo, 3,36. La pandemia de COVID-19 exacerbó las ya débiles capacidades estatales para enfrentar los desafíos sociales y económicos. La gestión de la crisis sanitaria estuvo marcada por una respuesta insuficiente y acusaciones de corrupción en la distribución de recursos, lo que profundizó la desconfianza ciudadana.
Finalmente, en 2024, el puntaje subió ligeramente a 3,38, lo que sugiere una estabilización en niveles extremadamente bajos. Aunque el gobierno actual ha hecho esfuerzos limitados por mejorar la gestión pública, los problemas estructurales como la corrupción enraizada, la falta de acceso a servicios básicos y la creciente desigualdad continúan obstaculizando cualquier avance sustancial. En conjunto, la trayectoria de Guatemala en el BTI muestra un deterioro sistemático en su gobernanza, caracterizado por instituciones debilitadas y un Estado incapaz de responder eficazmente a los desafíos que enfrenta la sociedad guatemalteca.
Conclusión
Entre 2006 y 2024, Guatemala muestra un estancamiento político y de gobernanza, aunque con relativa estabilidad económica. Pese a contar con una democracia formal, la corrupción, falta de transparencia y fragilidad institucional han impedido la consolidación democrática, derivando en un proceso de autocratización. Indicadores como los del BTI evidencian retrocesos en transformación política y capacidades estatales para abordar problemas como desigualdad, violencia e inclusión social. En lo económico, aunque las exportaciones han aportado resiliencia, el crecimiento ha sido limitado por la informalidad laboral, dependencia externa y falta de diversificación. La gobernanza, marcada por redes de clientelismo, ha mostrado incapacidad para implementar reformas estructurales.
Estos niveles han tenido un impacto importante en el ámbito de los derechos civiles, la libertad de expresión y el Estado de derecho en Guatemala. Aunque los derechos civiles están formalmente protegidos, su violación es frecuente, con detenciones arbitrarias, prisión preventiva prolongada y desigualdad ante la ley, especialmente hacia las poblaciones vulnerables. La libertad de prensa, teóricamente garantizada, está amenazada por ataques a periodistas independientes y el control de medios. Además, el Estado de derecho se ve erosionado por la influencia del Poder Ejecutivo sobre instituciones clave, lo que facilita la impunidad y fortalece tendencias autocráticas. A pesar de estas problemáticas, Guatemala sigue siendo un actor relevante en la región, gracias a su capacidad para adaptarse parcialmente a las crisis internas y externas.
