Los técnicos del oficialismo y 111 técnicos de la oposición, habían advertido sobre el riesgo de que ese plebiscito fuera aprobado. Los candidatos presidenciales se habían pronunciado en contra, aunque el candidato izquierdista dejó en libertad de acción a sus votantes. Se hipotecaba el futuro previsional de generaciones de uruguayos; desaparecían las AFAP y se cuestionaba la seguridad jurídica del país.

Por Hugo Machín Fajardo

Lo peor que podía pasar en la primera vuelta de las elecciones uruguayas no se dio. Y no tiene que ver con quien gane el 24 de noviembre cuando se realice el balotaje. Me refiero a un plebiscito impulsado por corrientes sindicales mayoritarias dentro de la central obrera de Uruguay (PIT-CNT), que era una autentica detonación del ya resentido sistema de previsión social del país.

Los técnicos del oficialismo y 111 técnicos de la oposición, habían advertido sobre el riesgo de que ese plebiscito fuera aprobado. Los candidatos presidenciales se habían pronunciado en contra, aunque el candidato izquierdista Yamandú Orsi (57), dejó en libertad de acción a sus votantes. Se hipotecaba el futuro previsional de generaciones de uruguayos; desaparecían las AFAP y se cuestionaba la seguridad jurídica del país. La propuesta igualaba la jubilación mínima al salario mínimo nacional (570 dólares) y rebajaba a 60 años la edad de retiro. Lo que fue el BREXIT para Gran Bretaña, o que Trump gane las elecciones de Estados Unidos, por citar dos despropósitos fruto del populismo polarizante actual, es lo que se hubiera dado en Uruguay de haber prosperado la irracionalidad de un puñado de sindicalistas.

¿Por qué casi un millón de ciudadanos —38,8% de los votos emitidos— igualmente votaron por este despropósito? Varias explicaciones: las noticias falsas; la desinformación en sectores de ciudadanos honestos que creían mejorar la previsión social; la cultura Tik Tok; importante número de jubilaciones y pensiones sumergidas cuyos titulares tienen legítimas aspiraciones. Todo sumó. 

Ocurre que se repitió lo ocurrido en 1989 en Uruguay, también año electoral. La izquierda y sectores del Partido Nacional impulsaron un plebiscito para derogar la Ley de Impunidad, aprobada por mayoría en el primer parlamento democrático después de 12 años de dictadura (1973-1985). Determinados dirigentes del «voto verde» que proponían la derogación de esa ley —políticos avezados en cuestiones electorales— días antes de ir a las urnas, admitían «off the record» que su opción no triunfaría en abril del 89´, pero calculaban que esa movilización política y social redundaría en una votación favorable para otro cometido electoral que el disputado en el plebiscito atinente a los derechos humanos.

Así fue que el voto verde perdió con el «voto amarillo» del oficialismo, pero alcanzó 600.000 votos, que siete meses después, restado el lógico reflujo, quedaron en los 400.000 votos con que el Frente Amplio (FA) obtuvo la Intendencia de Montevideo que significa la mitad de la población uruguaya, y que retiene hasta el presente.

La votación del pasado 27 de octubre a favor del plebiscito de la previsión social va a hacerse sentir en mayo 2025, cuando Uruguay vaya a las urnas para las elecciones municipales, donde Montevideo y Canelones, —que ya demostraron el último domingo de octubre que la izquierda superó al oficialismo— retenga esas intendencias que concentran la mayor población del país. O sea, hubo también una intención electoral que impulsó la agitación por el tema jubilatorio. Y quizás ocho de cada 10 frenteamplistas votaron a favor del plebiscito: la jugada electoral puede resultar.

Enfocados ya en el resultado conocido y en lo que se avecina en segunda vuelta, se confirma que Uruguay se expresa electoralmente en dos bloques de ciudadanía muy similares en sus números. El bloque de centro izquierda (Frente Amplio-FA), alcanzó un 43,86 % de los votos emitidos el 27 de octubre, y confirmó lo que se sabía: Orsí disputa la presidencia. Y el bloque de centro derecha (Coalición Republicana-CR) con un 47,07 %, otorgó al candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado (55), ex secretario de Presidencia en el gobierno saliente de Luis Lacalle Pou, la opción de ir al balotaje también. Votó el 90% del padrón electoral.

La primera vuelta dejó al FA con mayoría en el Senado (16 senadores de 30, que en caso de ganar el balotaje, suma a la vicepresidenta como una senadora más). En Diputados la CR tiene una banca más (49) que el FA, pero hay dos bancas imprevisibles (del nuevo partido antisistema Identidad Soberana) que pueden decidir la mayoría.

¿Son dos modelos diametralmente opuestos los que están en juego? No. Obviamente, que tanto Orsi como Delgado hacen distintos énfasis para diferenciarse uno del otro. El candidato opositor afirma que el país «funciona bien, pero debe funcionar mejor», debe crecer más que el poco más de un punto porcentual que lleva en los últimos años; que debe haber más «transparencia». Uruguay ocupa el puesto 16 en 180 países analizados por Transparencia Internacional (TI) con un score de 73, que en algún año (2017) de administración de izquierda estuvo en 70. De cara a los inversores, el candidato de la izquierda describe positivamente al Uruguay. También Orsi ha dicho que en seguridad y enseñanza hay déficit que son imputables al gobierno. Generar herramientas «de apoyo y contención a la sociedad bastante más eficientes que las que tenemos hoy». No aspira a reformular todo.

Y el oficialista promete «continuidad» con lo hecho en la administración de Luis Lacalle Pou, con destaque en cómo se sorteó el Covid-19— que tuvo a Uruguay entre los países que mejor sobrellevaron esa pandemia— ; y en la seguridad donde sostiene que el gobierno que termina le deja al que viene «menos delito de los que recibió», con base al respaldo político y jurídico dado a la policía». Promete ir «directamente contra el patrimonio del gran narcotraficante y del capo del crimen organizado».

¿Qué no es lo mismo exactamente si el presidente para el período 2025-2029 sea Delgado u Orsi? Seguramente que habrá aspectos que difieran, más incluso en política exterior que en política nacional, en particular en la región respecto a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El centro izquierda (FA) ya gobernó entre 2005 y 2019 el país; desde 1989 lo hace en Montevideo, y desde hace veinte años en el segundo departamento más poblado del país, Canelones.

El ministro de Economía ya designado por Orsi en caso de ganar el balotaje, Gabriel Oddone, socio de una consultora privada de las más importantes de Uruguay, docente universitario, ha reconocido logros del gobierno de Lacalle Pou, aunque cierto es que dentro del propio FA hay quienes preferirían para el cargo otro ministro más hacia la izquierda.

Uruguay vuelve a otras épocas. No de un colegiado conformado por cuatro consejeros por el partido ganador, y tres por el segundo, que funcionó entre 1954 y 1967; pero sí a un escenario de negociación que durante el siglo XX protagonizaron los dos partidos fundacionales (blancos y colorados), con excepción del período dictatorial entre 1973 y 1985. Ahora se tratará de una negociación entre los dos bloques en que está dividido el electorado y la ciudadanía.

La campaña electoral no registró sobresaltos. En algunas redes sociales sectores ciudadanos funcionan como «barras bravas» de la de la argumentación, o mejor, no argumentación, pero el clima entre los partidos políticos fue respetuoso.

Claramente hubo sanciones ciudadanas expresadas en las urnas. Algún saltimbanqui de la política que siempre aparece en las elecciones y que en 2019 a punta de dinero logró llegar al Parlamento, quedó por fuera. En otro caso, un ex comandante del Ejército fundador del partido Cabildo Abierto, que apeló al «artiguismo» (José Artigas es el héroe nacional) para renovar la política —«se acabó el recreo», era su eslogan identificatorio— como suele ocurrir con estos líderes de ocasión, bajó espitosamente en su votación, resultado de haber incurrido en los mismos defectos por él cuestionados cinco años antes.

También es cierto que Uruguay no escapa al advenimiento de los antisistema. En el caso actual, se trató del abogado Gustavo Salle (66) fundador en 2022 del partido Identidad Soberana (IS), quien obtuvo el 2,8% de los votos y casi llega al Senado. Confrontacional y autoritario — la noche de las elecciones expulsó, con apoyo patoteril, a un equipo periodístico de su sede partidaria — . El flamante diputado ha calificado al Parlamento de «cueva de los vendepatrias»; de «ladrones»; al sistema político de «casta plutocrática»; es militante contra la vacuna anticovid-19; se autoconsidera «un luchador contra la corrupción, contra el narcotráfico»; contra los «poderes internacionales, como la masonería, el sionismo, el jesuitismo» (y) «la cleptocorporatocracia» entre otras manifestaciones.

Salle y su hija ocuparán las dos bancas obtenidas, lo que supone para esa familia una remuneración mensual de US 26.858 dólares que, al cabo del período legislativo, superara el millón y medio de dólares.

Hugo Machín Fajardo

Redactor Especial del Portal Análisis Latino

Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.